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SUSCRIBIRSEEste artículo es parte de la edición de marzo, 2013
Proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria: Última versión
El Consejo de Ministros del 8 de febrero pasado aprobó el texto del Proyecto con el que lleva ya trabajando el MAGRAMA desde hace mucho tiempo, no sin obstáculos de parte de Economía y algunos agentes interesados en que su contenido sea suavizado respecto a los objetivos iniciales.
En el proyecto aprobado y el resumen que ha enviado FIAB se establece un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, desde la producción hasta la distribución.
El proyecto obliga a contratos escritos a partir de 2.500 euros cuanto una de las partes sea productor primario o cuando haya una dependencia económica de la otra. Relaciona las prácticas comerciales abusivas y se crea un código voluntario que suscribirán los interesados.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria hará el seguimiento del Código y su cumplimiento, así como de las prácticas comerciales, y tratará de resolver conflictos entre las partes. Asumirá además las funciones del Observatorio de Precios.
También fija un control administrativo que tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes que, en función del ámbito de actuación de las partes, gestionará la Comunidad Autónoma correspondiente o el Estado.
Como novedad, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, cuyas funciones serán, además de las que venía haciendo:
- Establecer y desarrollar el régimen de control de lo dispuesto en esta ley
- Comprobar las denuncias por incumplimiento que le sean presentadas
- Instruir en el procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución que proceda, a la autoridad competente del MAGRAMA, o trasladarlas a la CNC
- Tendrá, además, capacidad de investigación de oficio.
La Ley amplía su ámbito de aplicación, extendiéndose a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal y ampliando los supuestos de aplicación de los contratos alimentarios. Introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, según lo recogido en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad. También recoge la colaboración entre Administraciones Públicas, incorporando mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la Unidad de Mercado.