Este artículo es parte de la edición de febrero, 2013

Asfixiados

Hace ya muchos años, en algún viaje al Reino Unido, comentando lo que, en general, se nos venía encima en el sector del huevo en torno a la aplicación de la Directiva de la Unión Europea sobre el bienestar de la gallina y la mayor concienciación del consumidor sobre el tipo de producto que podía adquirir, nos decían que en este país la producción estaba dominada cada vez más por la distribución. Y, más concretamente, los productores se quejaban de que las grandes cadenas comerciales les imponían sus normas en cuanto al tipo de huevo que requerían, empezando a vetar los de baterías, aparte de imponerles unas condiciones comerciales cada vez más abusivas.

Como ya hemos dicho más de una vez en esta columna, en avicultura al menos, casi todo lo que hemos visto en otros países desarrollados fuera de España termina por llegar aquí, tarde o temprano, y lo antes comentado no es una excepción. En este aspecto, y sin querer referirnos solo al sector del huevo pues en otros productos alimenticios –pollo, conejo, vegetales, etc.– ocurre lo mismo, la verdad es que los productores se encuentran cada vez más atenazados por las condiciones draconianas de las grandes cadenas comerciales que, día a día, van copando una proporción creciente de lo que el consumidor se deja en la cesta de la compra.

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De esta forma, atenazados por un lado los productores –del huevo, el pollo, el cerdo, etc.– por unos incrementos de los costes de la alimentación de sus animales contra lo que no pueden hacer nada -pues estos no dependen de la voluntad de los fabricantes de piensos sino de causas trasnacionales– y, por otro, por unos precios y unas condiciones de venta ante los cuales han de ceder, la realidad es que se encuentran cada vez más asfixiados. Bajo este último aspecto, tanto si operan con una marca propia, bien con una de distribución, o “marca blanca”, su margen de maniobra es cada vez más estrecho en un mundo comercial en el que todo parece indicar que esto es irreversible.

Para mirar de poner algo de orden en este tema ‑aunque no en el de los costes de producción, que es harina de otro costal‑ el Ministerio de Agricultura ‑actualmente MAGRAMA‑ ha estado trabajando sobre un proyecto de Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria, en base a las demandas del propio sector y de las líneas directrices contempladas en el Libro Verde sobre el mismo problema, que está elaborando Bruselas. En su contenido, contemplan los contratos obligatorios para todas las operaciones de compraventa en el proceso de la cadena, un código de buenas prácticas y, sobre todo, una lista de prácticas abusivas prohibidas, mecanismos de denuncias anónimas y multas por incumplimientos, etc.

En principio, bien nos parece todo ello, no comprendiendo la oposición de la Comisión Nacional de la Competencia –CNC– en contra del proyecto, al que califican de innecesario, reclamando su modificación y acusando al MAGRAMA de intervencionista en un campo en el que ya existen mecanismos para atajar las prácticas denunciadas.

Sin embargo, en sentido contrario se han pronunciado cinco asociaciones ganaderas ‑entre ellas, PROPOLLO y ASEPRHU‑ al trasladar al MAGRAMA el pasado 24 de enero su apoyo al proyecto de ley para evitar la «incertidumbre» de un sector que emplea a más de 400.000 personas. Según estas asociaciones, la propuesta de ley la consideran «muy positiva» para clarificar las finalidades de las Organizaciones Interprofesionales, aunque matizan que esta mejora «puede verse condicionada» por la exigencia de mayores porcentajes de repre-sentatividad, tanto para su constitución como para los acuerdos de extensión de norma.

Además, estas asociaciones apoyan la existencia de un catálogo de infracciones y sanciones, por considerar «prioritario» regular esta potestad, así como que recaiga en el Ministerio de Agricultura, para «garantizar la tan ansiada unidad de mercado». Y, por último, recuerdan que la actividad ganadera está hoy afectada «por el deficiente funcionamiento del sistema de formación de precios actual».

Por nuestra parte, estando plenamente de acuerdo con la acción realizada por estas asociaciones, quisiéramos recordar que ojala este proyecto de Ley pueda evitar que se repita la situación de indefensión con la que se encontraron, al menos, las dos entidades antes mencionadas cuando hace años fueron multadas por el Tribunal Nacional de la Competencia por un supuesto intento de manipular los precios del mercado de los respectivos productos, el pollo y el huevo. Y apoyaría, además, la declaración que, en octubre del 2007, realizó un grupo de 5 Parlamentarios de la UE, apoyada por la Confederación Europea de Industrias de la Alimentación y Bebidas, al solicitar a la Comisión Europea que investigase y pusiese remedio al abuso de poder de las grandes cadenas de distribución comercial que operan en Europa.   

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